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La medida aumenta la deuda catalana en 300 millones de euros
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Tomado de Burladero.com | 10-02-2011
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, estudia proponer en la Cámara catalana la suspensión de la aplicación de la ley que prohíbe las corridas de toros, atendiendo a la precaria situación de las arcas catalanas, según informa ABC.es.
Fuentes del partido precisaron que el objetivo de Rivera nunca ha sido centrar el debate en el asunto económico, sino en el de las libertades, pero la situación económica que atraviesa Cataluña justifica este intento de suspender la polémica ley abolicionista, aprobada a raíz de una ILP de una plataforma antitaurina.
Así, Ciutadans ha mantenido reuniones recientes con representantes del sector taurino para organizar un acto reivindicativo de la Fiesta.
Ello viene motivado porque las delicadas finanzas catalanas se verán todavía más mermadas a partir de 2012, cuando la Generalitat se vea obligada a pagar las indemnizaciones que contempla la ley antitaurina.
En plena crisis económica y con las arcas públicas al borde de la ruina, como reconoció ayer el presidente Artur Mas, los futuros presupuestos del gobierno catalán —los de 2010 están actualmente prorrogados— deberán incluir las partidas destinadas a compensar económicamente al sector perjudicado por la prohibición. En este sentido, se calculan unas pérdidas anuales de 30 millones de euros durante diez años, es decir, unos 300 millones de euros que saldrán del bolsillo del ciudadano
La ley, que entrará en vigor en enero de 2012 —la de este año será la última temporada taurina en Cataluña—, incluye la obligación para el ejecutivo catalán de determinar la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la modificación de la ley, aprobada con los votos de ERC, ICV y el mayoritario de CiU —que dio libertad a sus diputados—, mientras que PP, Ciutadans y buena parte del PSC —donde también hubo libertad de voto— se opusieron a la misma.
Esas compensaciones deben figurar ya en el presupuesto de la Generalitat de 2012. Como se sabe, el nuevo gobierno de CiU está inmerso en una frenética labor de enjuagar su déficit, al que ahora se añade la considerable cifra de indemnizaciones que contempla la normativa catalana, algo que, por ejemplo, no ocurre con la ley antitabaco aprobada por el Gobierno español.
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